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Superar el miedo a denunciar, los trabajadores están protegidos frente a los abusos

La difícil situación económica ha hecho que, lamentablemente, los trabajadores sean víctimas de todo tipo de abusos y que estos, a pesar de que la ley los protege, eviten denunciar estas conductas reprobable por parte de los empresarios.

Ha costado años de esfuerzos y lucha, pero hoy la legislación laboral es amplia y cambiante, para adaptarse a los nuevos retos y las nuevas realidades laborales. De esta manera, entre otros, la ley recoge el derecho al trabajo, a elegir la profesión, a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón alguna, a la salud y a la seguridad en el puesto de trabajo y al honor y a la dignidad. Todo ello sin olvidar el derecho a percibir un salario y a disfrutar de vacaciones, el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga.

Toda una serie de derechos que en ocasiones son pisoteados sin que las víctimas de los abusos se atrevan a denunciar. Un error, porque cualquier trabajador puede defenderse en los tribunales con la garantía de que la ley siempre le va a proteger.

Pero ¿cuándo denunciar? Hay miles de supuestos. Un trabajador puede denunciar si es objeto de una contratación ilegal, si se le imponen condiciones laborales que limiten sus derechos, si es “invitado” a abandonar su puesto de trabajo mediante coacción o engaño o si sufre cualquier tipo de discriminación o abuso, etc

En ocasiones no se da la importancia que se merece a estos aspectos. Un ejemplo: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es muy estricta. Si el empresario no pone los medios de protección adecuados lo más aconsejable es denunciarlo ¿La razón? Porque se puede sufrir un accidente de consecuencias irremediables. Por nuestro bien y por el de los compañeros conviene sacar a la luz este aspecto, porque nuestra vida puede depender de ello.

Hay que tener en cuenta que el trabajador siempre está amparado por la ley frente a los abusos, que en los casos más graves pueden llevar acarreadas hasta penas de tres años de cárcel para el empresario negligente.