A inicios del presente siglo se aprobó una Carta Europea que contemplase los Derechos fundamentales, y en este sentido el Derecho a la buena administración empezó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es realmente interesante el tema, por cuanto este Derecho pasó a ser fundamental gracias a que tiene un carácter intrínseco de principio de Derecho Administrativo. Así pues, hay que determinar en primer lugar en qué consiste este principio fundamental, y se puede decir a este respecto, que este es un principio que ha nacido, o se ha derivado de otros dos principios, que son el de racionalidad y el de la objetividad. Esto tiene mucho sentido por cuanto son estos principios que guían a la Administración consisten en delimitar el accionar de esta en cuanto a su interacción con los individuales, guiando a la Administración en su día a día, con la finalidad de lograr una actuación de los funcionarios que sea ajustada a la legislación.

Principio de la Buena AdministraciónPor otra parte, este principio fundamental de la buena administración por el cual deben guiarse los entes públicos tiene diversas implicaciones obligacionales para la Administración Pública; en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos que hacen uso y goce de los servicios brindados por entes públicos, y en general de todos los ciudadanos, este principio presupone que todos los asuntos que sean de interés público sean siempre tratados de una manera que esté ajustada al principio de la equidad, y siempre de manera objetiva, cumpliendo además los plazos establecidos por la ley, y a falta de estos, en algún plazo que sea considerado razonable.

Así pues, se puede establecer sin ningún lugar a dudas, que el principio fundamental de la buena administración se ve reflejado en aspectos que tienen una racionalidad adherida que forma parte intrínseca del funcionamiento que tiene la Administración. Un ejemplo clarísimo de esto es claramente la obligación que tiene la Administración Pública en todas sus instancias a promover y velar por el desarrollo de las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos; otro ejemplo sería el de actuar siempre en concordancia con el respeto y el amparo a la dignidad del ser humano, el cual es un derecho básico de cada persona.