Al hablar de Derecho Administrativo lo primero que hay que tener claro es que nos referimos al concepto de administración pública y este desde su función ejecutiva, no desde el punto de vista legislativo o judicial, por lo que éste regula el comportamiento de la organización y las relaciones directas e indirectas del Estado y que además puede fijar derechos y obligaciones hacia otras figuras jurídicas o físicas.

El papel principal de este es que permite una interpretación de la norma escrita dando un significado y su utilidad, ya que por la abundancia de las mismas esto implica ciertos efectos de regulación al no estar completas o ser ocasionales; así como la regulación de la organización y la actividad de la administración pública.

Sin embargo para el siglo XIX esto cambia, como la aparición de la luz electrica y los primeros electricistas Madrid y se incorpora el concepto de persona jurídica para definir al Estado, por lo que la administración pública pierde su función ejecutiva y pasa de ser quien representa al Estado a ser una función del Estado, en la que la administración se presenta ahora como una organización pública con características muy distintas a la organización privada.

A raíz de esto el derecho administrativo obtiene unas características diferentes que las del derecho privado, apartándolo del derecho común con lo que desaparece el principio de autonomía y lo cual le resta igualdad a todo proceso y pasa a tener mayores privilegios la Administración, ya que al atribuirle a la administración pública poderes jurídicos que no son propios de todos los ciudadanos coloca en una clara situación de desventaja al ciudadano común.

Aun cuando existan garantías para los particulares que la administración pública debe cumplir, tratando de lograr con esto un equilibrio entre las partes, existen muchas vinculaciones negativas hacia estas potestades administrativas y la disciplina entre las relaciones jurídicas y las del administrado, además que las prerrogativas que se le otorgan a la Administración Pública colocan al ciudadano común en una desventaja abundante, por cuanto los recursos que se pueden intentar siempre en contra de la Administración suelen consistir en procedimientos lentos.