Informacion General

La arbitrariedad y la discrecionalidad en la Administración Pública.

Es una cuestión de suma importancia que cada ciudadano de la nación española tenga conocimiento de la diferencia entre la arbitrariedad de los entes de la Administración Pública y la discrecionalidad de los mismos, por cuanto la discrecionalidad está amparada en el marco jurídico de nuestro país, que dota a los funcionarios públicos de un poder discrecional para que puedan solucionar situaciones que no están regladas de manera taxativa en las leyes y reglamentos de nuestro país.

Poder JudicialEntonces, se podría decir que la discrecionalidad consiste en la facultad que tienen los funcionarios públicos españoles para elegir el rumbo de su accionar entre varios cursos que están permitidos por la ley. Por otro lado, la arbitrariedad es el actuar contrario a lo considerado como justo, o a lo dispuesto en la legislación, de una manera completamente intencional y consciente.

Existen diversos criterios jurisprudenciales en nuestro país que marcan estas mismas diferencias; por cuanto las situaciones de actuar arbitrario de la administración pública no deben ser nunca amparadas por el Poder Judicial de nuestro país. En este sentido, la discrecionalidad es una potestad que se le ha otorgado a la Administración pública para que esta pueda interpretar lo que conviene al interés de la ciudadanía y de los cerrajero 24h Alicante, y actuar de esta manera posteriormente; por otro lado, la arbitrariedad se contempla como aquello que tiene una carencia de fundamentos objetivos, que se contradicen con la justicia y con las leyes, convirtiéndose en situaciones o análisis incongruentes de la administración, lo cual desprende de legitimidad a las decisiones administrativas.

En definitiva se puede concluir estableciendo que la discrecionalidad está completamente opuesta a la arbitrariedad, por cuanto esta última está en contra de la normatividad. Legalmente, pueden efectuarse controles sobre los actos de la administración pública, lo cual se logra mediante los recursos frente a los actos administrativos, bien sean estos de carácter administrativo o judicial. Es necesario que todos los ciudadanos que hacen vida en este país comprendan que tienen un poder sobre estas decisiones arbitrarias que toman a veces los entes administrativos del Estado, por cuanto sin ejercer los medios de control que establece nuestra Ley, se pierde gradualmente la libertad y el Estado de Derecho.