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Superar el miedo a denunciar, los trabajadores están protegidos frente a los abusos

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La difícil situación económica ha hecho que, lamentablemente, los trabajadores sean víctimas de todo tipo de abusos y que estos, a pesar de que la ley los protege, eviten denunciar estas conductas reprobable por parte de los empresarios.

Ha costado años de esfuerzos y lucha, pero hoy la legislación laboral es amplia y cambiante, para adaptarse a los nuevos retos y las nuevas realidades laborales. De esta manera, entre otros, la ley recoge el derecho al trabajo, a elegir la profesión, a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón alguna, a la salud y a la seguridad en el puesto de trabajo y al honor y a la dignidad. Todo ello sin olvidar el derecho a percibir un salario y a disfrutar de vacaciones, el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga.

Toda una serie de derechos que en ocasiones son pisoteados sin que las víctimas de los abusos se atrevan a denunciar. Un error, porque cualquier trabajador puede defenderse en los tribunales con la garantía de que la ley siempre le va a proteger.

Pero ¿cuándo denunciar? Hay miles de supuestos. Un trabajador puede denunciar si es objeto de una contratación ilegal, si se le imponen condiciones laborales que limiten sus derechos, si es “invitado” a abandonar su puesto de trabajo mediante coacción o engaño o si sufre cualquier tipo de discriminación o abuso, etc

En ocasiones no se da la importancia que se merece a estos aspectos. Un ejemplo: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es muy estricta. Si el empresario no pone los medios de protección adecuados lo más aconsejable es denunciarlo ¿La razón? Porque se puede sufrir un accidente de consecuencias irremediables. Por nuestro bien y por el de los compañeros conviene sacar a la luz este aspecto, porque nuestra vida puede depender de ello.

Hay que tener en cuenta que el trabajador siempre está amparado por la ley frente a los abusos, que en los casos más graves pueden llevar acarreadas hasta penas de tres años de cárcel para el empresario negligente.

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El Derecho y los ciudadanos ¿Matrimonio imposible?

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Si hay algo que a veces resulta árido y hasta incomprensible al ciudadano de a pie es todo lo que se refiere al Derecho y las leyes. Entendemos que todos tenemos derechos y obligaciones, pero en muchas ocasiones ni se sabe cuáles son ni cómo aplicarlos o defenderlos.

Acercar el Derecho a los ciudadanos es una vieja asignatura pendiente que parece cuesta mucho aprobar. Se intenta hacer más comprensible, pero lo cierto es que la jerga jurídica que tanto gusta utilizar a profesionales y aficionados no ayuda en gran medida a conseguirlo. El Derecho en España parece anclado en el pasado, en un lenguaje arcaico y unas costumbres más propias de siglos pasados que del siglo XXI.

Pero es posible que haya un resquicio para la esperanza. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una iniciativa llamada JSUTIAPPS con la que pretende unir Derecho y tecnología para que todo lo relacionado con la legislación sea más transparente y llegue mejor a los ciudadanos.

Se trata en realidad de un concurso de ideas. Un concurso que premiará las mejores aplicaciones que ayuden al ciudadano de a pie a conocer las instituciones, su funcionamiento, o las gestiones básicas (y no tan básicas) relacionadas con el Derecho, entre otros aspectos. Unas aplicaciones en las que deben implicarse también los profesionales del ramo.

¿Qué es lo que más se valora? Que las aplicaciones sean capaces de estimular la participación ciudadana a la hora de elaborar las leyes (un aspecto reconocido… pero no tan conocido por la ciudadanía, al menos las herramientas para conseguirlo).También tiene su importancia el conocimiento de los medios para que el ciudadano pueda proteger sus derechos o el de la mediación y el arbitraje como herramientas para resolver conflictos.

¿Serán eficaces estas aplicaciones? ¿Llegarán a utilizarse? Está por ver, y tal vez pase algún tiempo antes de poder comprobarlo, pero al menos el esfuerzo del Ministerio de Justicia merece un reconocimiento.

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El retorno voluntario y el cobro de prestaciones por desempleo

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Regresar al país natal es una de las opciones que muchos inmigrantes se están planteando y llevando a cabo. La mala situación económica en buena parte de Europa, también en España, y la falta de oportunidades, así como motivos familiares o la falta de arraigo llevan a cada vez más personas a tomar la decisión de volver al país que un día les vio partir.

Puede parecer sencillo, pero realmente no lo es, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social financie programas de retorno voluntario de extranjeros, facilitándoles los trámites siempre y cuando cumplan una serie de requisitos establecidos.

Uno de los aspectos que se facilita es el cobro anticipado de las prestaciones por desempleo a las que se tenga derecho. Para ello hay que ser originario de alguno de los países con los que España tenga convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, tener residencia legal en España, estar desempleado e inscrito como tal, tener derecho a la prestación por desempleo y asumir el compromiso de abandonar España en 30 días naturales y no regresar, al menos, en tres años.

Con estos requisitos cumplidos y algunos otros de carácter secundario se debe entregar la solicitud correspondiente en la oficina de empleo a la que se pertenezca. La administración abonará, si acepta la solicitud, un 40% en España y el resto entre 30 y 90 días después, cuando la persona ya debe estar en su país de origen.

Es importante saber que una vez que se ha recibido el primer pago ya no hay marcha atrás, no hay posibilidad de arrepentimiento y la persona deberá retornar obligatoriamente a su país.

Y también conviene conocer que existen ayudas adicionales para el pago del billete de avión desde España y gastos de desplazamiento para cada miembro de la unidad familiar que regrese a su país de origen.

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Fuentes del derecho Administrativo

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Las Administraciones públicas junto con el Gobierno, las Cámaras y el Parlamento constituyen una pieza fundamental en la organización del Estado. La Administración pública tiene asignado el poder ejecutivo sin embargo no todos los actos que emanan de la Administración son actos administrativos.

Una de las fuentes principales del derecho administrativo que es todo aquello que se deriva del mismo, tiene su origen en la Constitución española de 1978 es un conjunto de normas en la que en uno de sus amplios apartados se dedica a establecer los principios y actuaciones por las que deben regirse las Administraciones públicas, según la Constitución las Administraciones públicas deben servir con objetividad los intereses generales, esto debe guiar cualquier actuación de la Administración, otro límite que establece la Constitución es que las Administraciones deben actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho, es decir no pueden actuar por su libre pensamiento, toda actuación debe estar amparada legalmente.

En la Constitución también se establecen los principios por los que debe regirse toda Administración en cualquiera de sus actos, el principio de eficacia, es decir actuar con capacidad para obtener los objetivos.

Principio de jerarquía, debe actuar teniendo en cuenta la escala de poder jerárquica establecida en la ley.

Principio de descentralización, es decir la Administración puede transferir sus propias competencias a otros órganos que tengan la misma centralización por ejemplo entre las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Principio de desconcentración, en este caso puede transferir las competencias entre órganos que tengan la misma personalidad jurídica.

Principio de coordinación, hace referencia a la colaboración entre las distintas Administraciones con la finalidad de ayudarse entre ellas.

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Las sedes electrónicas como sistema informático en las Administraciones

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Gracias a los claros avances de las nuevas tecnologías, el Internet…ya son más las Administraciones públicas que se suman al carro de las sedes electrónicas,esto no es más que un sistema informático a través del cual se puede realizar cualquier trámite,procedimiento,solicitud así como mantener cualquier contacto con el ciudadano sin que éste tenga que personarse en las oficinas de las Administraciones, el ciudadano puede aportar todo tipo de información y documento relevante para el cumplimiento de sus obligaciones formales, de esta manera la Administración se beneficia en cuanto a la simplificación de los procedimientos que se realizan vía electrónica, y en cuanto a la ordenación de los expedientes, trámites… es una manera de realizar el mismo trabajo pero de forma más ordenada y sobre todo más rápida.

Sin embargo los procedimientos iniciados electrónicamente sólo podrán ser llevados a cabo si el usuario así lo solicita en el caso de procedimientos iniciados a instancia del interesado o cuando el mismo dé su consentimiento en procedimientos iniciados de oficio por la propia Administración.

Los procedimientos iniciados electrónicamente tienen exactamente la misma validez que los realizados como se ha venido haciendo toda la vida, sin embargo cada vez es mayor el número de expedientes tramitados por las sedes electrónicas, esto da una mayor comodidad tanto al ciudadano como a la propia Administración, lo que venía fallando hace años era la falta de información y el temor a gestionar el papeleo por Internet pero gracias a estos avances el ciudadano tiene cada vez más claro que esta es la mejor forma de poder llevar sus gestiones.

Cuando pase el tiempo dentro de unos años se eliminará la forma tradicional de llevar los procedimientos para dar lugar exclusivamente a las sedes electrónicas.

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Diferencias entre la Administración pública y la privada

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El término Administración engloba mucho contenido, podemos decir que la Administración como estructura organizativa es una de las piezas claves en la organización territorial del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales.

Podemos encontrarnos tanto con Administraciones públicas como privadas, veamos alguna de sus diferencias más fundamentales:

-Los objetivos de la Administración pública están enfocados en beneficios a favor del Estado, es decir busca el bienestar general, mientras que la privada tiene fines lucrativos para su propio beneficio.

-La Administración pública tiene tutela legal sobre la privada así como también la pública tiene asignado el poder ejecutivo por ley mientras que la privada tiene que acatar órdenes de la pública

-La privada es capaz de utilizar técnicas administrativas de forma eficiente ya que es muy versátil al cambio, mientras que la pública tiene más dificultad de adaptarse a los cambios, lo mismo ocurre con la organización siendo la privada la que mayor capacidad de organización tiene respecto a la pública.

-El personal y las autoridades al servicio de las Administraciones públicas son funcionarios de carrera o interinos, cosa que en la privada no tiene porqué. También existen diferencias entre los salarios de los empleados en dichas Administraciones.

-La pública sigue el principio de coordinación entre administraciones públicas mientras que la privada no.

A pesar de estas diferencias la Administración pública puede contratar sus servicios tanto con empresas públicas como privadas, la finalidad es la misma ya que el ciudadano paga con sus impuestos los servicios recibidos, mientras que en la privada tendrá que satisfacer alguna cantidad de su bolsillo sin poder refugiarse en tasas o impuestos.

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Día Mundial de la Acreditación

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El día 9 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Acreditación, una herramienta que sin duda en estos días logra servir como complemento y apoyo de la Administración Pública en todo el mundo. Las organizaciones y colectivos especializados en el concepto de “acreditación” vienen trabajando duro en los últimos años para insistir en la importancia de que se tenga en cuenta el papel que juego su objeto de trabajo.

La International Accreditation Forum (IAF) y la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) se han afanado por trabajar de manera conjunta en la tarea de concienciar a nivel mundial sobre la trascendencia de cómo la idea de “acreditación” debe ser tenida en cuenta sin despistes por las empresas, por la Administración y por los ciudadanos.

Durante este 2016 el objeto de trabajo que se está intentando potenciar es el de “la acreditación entendida como un instrumento de apoyo a la Administración Pública”. Y es que la acreditación agiliza que los mercados puedan funcionar de una manera fiable, segura y fácil.

Así, la fluidez de los mercados favorece que se desarrollen buenas prácticas de trabajo y que florezcan estructuras y rutinas de autorregulación. Al mismo tiempo, la Administración Pública se ve liberada y no tiene que obsesionarse ni desgastarse en el duro ejercicio de establecer una sólida reglamentación.,

Es importante aplicar la acreditación al funcionamiento de las entidades que busquen seguridad, a los certificadores que implementen servicios de identificación electrónica (también en las transacciones electrónicas, de ahí la importancia de la acreditación), a los cuerpos de seguridad de los Estados y a las instituciones (la acreditación siempre es tenida en cuenta en las escenas de los crímenes) o a la Administración tributaria.

En el Estado español, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) está ahondando en la importancia de aplicar la acreditación a los diversos escenarios que hemos repasado con anterioridad. ENAC realiza además una importante labor informativa y divulgativa, por lo que es conveniente encomendarse a sus dicterios a la hora de completar el proceso de acreditación.

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Administración Pública el único sector que pierde cotizantes

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Llegados a junio de 2016 y una vez que tenemos en las manos los datos y las estadísticas de las últimas semanas, vemos cómo una vez más vuelve a ser la Administración Pública el único sector que pierde cotizantes a la Seguridad Social.

Ante este escenario que vuelve a poner de relieve el maltrato que da el Gobierno central -en connivencia con el brazo ejecutor de las comunidades autónomas que conforman el Estado español- a la Administración Pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha querido denunciar los aspectos negativos de la situación.

CSIF ha argumentado que el envejecimiento de las plantillas y la ausencia de unas ofertas públicas de empleo público durante los últimos años han acabado por dibujar este mapa, tan oscuro una vez más para la Administración Pública, que experimenta un descenso del 1,6 por ciento en el número de puestos de trabajo al compararse este ejercicio con el de 2015.

Hay que comentar que en torno al sesenta por ciento de la plantilla que forma parte de la Administración General del Estado se halla en una franja de edad que se sitúa por encima de los cincuenta años; en los próximos quince años van a jubilarse nada más y nada menos que en torno a ciento cincuenta mil trabajadores de la Administración General del Estado.

Visto lo que se acerca, el problema de carecer de plantillas con trabajadores suficientes y cuyos derechos estén a buen recaudo se vuelve más agudo. Los derechos de los ciudadanos de recibir una atención y unos servicios a la altura de lo que el sector público debe ofrecer quedarán en peligro. Es obvio que la ciudadanía merece servicios de calidad, para lo que la única vía es ofrecer una oferta de puestos de funcionarios que sepa suplir las vacantes por jubilación que van quedando y que sepa dar un paso al frente en ramas como la sanidad y la educación, donde toda cobertura a cargo de profesionales públicos siempre será poca.