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Reagrupación Familiar de familiares de Ciudadanos Comunitarios en España.

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Es muy bien conocido por muchas personas que este es uno de los trámites que más se solicitan en las Oficinas de Extranjería de toda España. La idea es sencilla, los ciudadanos, tanto nacionales españoles como personas que no tengan la nacionalidad española pero tenga nacionalidad de alguno de los países pertenecientes a la Unión Europea tienen el derecho a vivir y desarrollar una familia en el territorio español, y en consecuencia se ha creado esta figura, mediante la cual estas personas pueden tener residencia legal en España.

Oficinas de ExtranjeríaAhora bien, existe acá el derecho humano a tener una familia, el cual es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico español, y que ampara a los ciudadanos a tener una familia, y a desarrollar una familia en libertad. Por esto entre las personas que tienen derecho a solicitar la residencia por reagrupación familiar se encuentran los cónyuges de los ciudadanos comunitarios, incluido los cónyuges de ciudadanos españoles, por cuanto la nueva legislación vigente no hace distinción alguna entre el derecho de los ciudadanos españoles y el derecho de los ciudadanos comunitarios y sus respectivos familiares.

La ley establece una serie de requisitos para solicitar esta reagrupación familiar entre los cuales, básicamente hay que demostrar el vínculo familiar entre el ciudadano comunitario y el extranjero, la capacidad económica del comunitario para que el extranjero solicitante no sea una carga económica para el Estado español y poco más. En concreto se exige por ley:

  • No tener antecedentes penales ni en el país de origen ni en España.
  • Contar con un seguro de carácter privado para enfermedades, o tener un justificante de tener derecho por la Seguridad Social a tener acceso a la Sanidad Pública.
  • Que el ciudadano comunitario tenga la capacidad económica de manutención de la persona extranjera.
  • Que el familiar sea cónyuge o que estén unidos de hecho; o que sea ascendiente en primer grado o descendiente del ciudadano comunitario.
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Niveles de Administración Pública

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Cada ciudadano debe tener en cuenta la importancia de tener un conocimiento general sobre los medios de acción que se les presentan en su nación, dado que cada circunstancia que se les presente debe estar acorde con el ordenamiento jurídico actual, por ello se debe de estudiar los principales mecanismos para ejercer cualquier tipo de gestión.

Siendo así, es de gran importancia que cada uno de los ciudadanos esté consciente de que existe una Constitución como norma suprema y que el resto de las leyes deben ceñirse a esta. Por lo que deben de, no solo saber lo que ella contempla, sino además, estar al tanto de cada una de las reformas de las mismas.

En cuanto a todo nivel de educación debe existir la información sobre los derechos y procedimientos establecidos en la Constitución, pero además se debe tener informados también a los ciudadanos en general desde los letrados a los cerrajeros Madrid, de tal manera que se creen programas informativos generalizados a través de los medios que sean posibles.

Ahora bien, entre los distintos niveles de la Administración Pública, donde los ciudadanos pueden ejercer sus derechos tenemos a tres tipos según su área geográfica, el primero es a nivel nacional que cubre a todo el país llamada la administración general del Estado, el segundo, es aquel que cubre la comunidad autónoma, y el ultimo, pero no menos importante, es el de la localidad, que abarca la municipalidad o provincia según corresponda.

Entonces tenemos que existen administraciones por todo el territorio nacional, cada una de ellas ejerce sus funciones y son autónomas, es decir, poseen personalidad propia y no dependen una de la otra, en tanto, cada persona puede acudir a cualquier organismo sin la necesidad de obedecer las órdenes del otro.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la administración pública muchas veces exige ciertas formalidades a cumplir según sea el caso a tratar, lo más importante es llegar con todo para hacer las cosas bien, como los cerrajeros Valencia, es por ello que al momento de ejercerla se tienen que hacer con atención y cuidado para no incurrir en las faltas que hacen un proceso engorroso, en cuanto esto se cumpla cada habitante tendrá la capacidad de llegar a los órganos públicos respectivos según sea el caso correspondiente.

 

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Principio de la Buena Administración

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A inicios del presente siglo se aprobó una Carta Europea que contemplase los Derechos fundamentales, y en este sentido el Derecho a la buena administración empezó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es realmente interesante el tema, por cuanto este Derecho pasó a ser fundamental gracias a que tiene un carácter intrínseco de principio de Derecho Administrativo. Así pues, hay que determinar en primer lugar en qué consiste este principio fundamental, y se puede decir a este respecto, que este es un principio que ha nacido, o se ha derivado de otros dos principios, que son el de racionalidad y el de la objetividad. Esto tiene mucho sentido por cuanto son estos principios que guían a la Administración consisten en delimitar el accionar de esta en cuanto a su interacción con los individuales, guiando a la Administración en su día a día, con la finalidad de lograr una actuación de los funcionarios que sea ajustada a la legislación.

Principio de la Buena AdministraciónPor otra parte, este principio fundamental de la buena administración por el cual deben guiarse los entes públicos tiene diversas implicaciones obligacionales para la Administración Pública; en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos que hacen uso y goce de los servicios brindados por entes públicos, y en general de todos los ciudadanos, este principio presupone que todos los asuntos que sean de interés público sean siempre tratados de una manera que esté ajustada al principio de la equidad, y siempre de manera objetiva, cumpliendo además los plazos establecidos por la ley, y a falta de estos, en algún plazo que sea considerado razonable.

Así pues, se puede establecer sin ningún lugar a dudas, que el principio fundamental de la buena administración se ve reflejado en aspectos que tienen una racionalidad adherida que forma parte intrínseca del funcionamiento que tiene la Administración. Un ejemplo clarísimo de esto es claramente la obligación que tiene la Administración Pública en todas sus instancias a promover y velar por el desarrollo de las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos; otro ejemplo sería el de actuar siempre en concordancia con el respeto y el amparo a la dignidad del ser humano, el cual es un derecho básico de cada persona.

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Técnica de redacción de leyes de Derecho Administrativo. Problemas de ambigüedades.

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La Administración Pública es aquella que regula la actividad del Estado, entre ellas la relación que tienen los particulares, es decir, los ciudadanos tienen el derecho de contratar cuando deseen y en los términos que quieran, pero no deben separarse de las leyes generales de todo el estado donde contratan, siendo así, es fundamental que cada una de estas leyes estén redactadas de forma clara y específica para que cada una de ellas sea entendida ampliamente por cada ciudadano.

De tal manera, toda ley debe ser, además, lo más completa posible, puesto que los funcionarios que desempeñan un cargo en específico deben de centrar su actuación en un margen dentro del cual no se le permita tener una tener una conducta que desfavorezca a quien está acudiendo a la Administración. Sin embargo, para el desarrollo de la Ley, el legislador debe tener en cuenta que se debe de redactar la misma de manera clara y concisa, además de que la ley debe tener una técnica de redacción excelsa y de fácil entendimiento para que tanto los funcionarios como los ciudadanos puedan comprenderla.

En este sentido, la discreción del funcionario no debe ser válida para el desarrollo de un proceso sin vicios, por cuanto, mientras mejor redactada esté la ley, y su comprensión sea fácil, menos deberá tener lugar la discrecionalidad del funcionario. Asimismo, al no dejar ambigüedades dentro del texto normativo, no debería de tener cabida alguna dicha discrecionalidad.

Así pues, distintos autores hablan sobre el principio de seguridad jurídica, que es el que exige que las normas sean claras y sencillas con el mismo propósito de que los cerrajeros Barcelona entiendan claramente cuál es el propósito y función de cada una de ellas. Además de dejar en claro cuáles son las facultades que tienen los distintos órganos en cada nivel, tanto el estatal como los de la municipalidad o provincia y que así la comunidad tenga certeza de a quién acudir al momento de necesitarlo.

En síntesis, la administración pública tiene que regirse por leyes que deben tener una técnica especial, la cual debe ser clara y precisa para que no haya confusiones al momento que los ciudadanos acudan a los distintos organismos en busca de soluciones a sus problemas.

 

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Uso de las nuevas tecnologías por parte de la Administración Pública.

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Vivimos en una época de globalización, donde todo pertenece al mundo, el conocimiento es parte esencial y derecho de todos, en la actualidad todo es más fácil y accesible y cuando se trata de información no es diferente, puesto que el internet ha propiciado a que sea más eficaz el envío de archivos, programas, entre otras cosas.

Ahora bien, en la Administración Pública aún se trabaja con muchas formalidades, que muchas veces son estorbosas en muchos sentidos, puesto que no siempre es tan eficaz como debería, además que conlleva mucho papeleo que se debería ahorrar.

Y en vista de que la tecnología ha avanzado tanto que es fiable establecer la incorporación de los medios tecnológicos que ayuden tanto a los funcionarios como a las personas que usan el servicio, haciendo que cada trámite sea más accesible y económico, pues se haría todo desde una computadora y por vía web, sin la necesidad de dirigirse al órgano encargado del asunto.

Además se podría contar con un sistema digitalizado donde estén todos los archivos incluidos en una data con toda la información pertinente al caso para el desarrollo de futuros procesos que se involucren en el expediente; al cual no solo deben de tener acceso los funcionarios sino que debería contar con distintos niveles, contando con uno al cual tengan acceso los ciudadanos.

Muchas instituciones han llevado a cabo esta forma antes planteada, sin embargo, no todos los organismos lo han realizado, es por esto que se debe hacer un llamado de atención para que se logre en muchos más sectores, se realicen cambios a nivel sistemático y a nivel laboral, induciendo a la ciudadanía a ejercer sus derechos desde la forma más eficaz y rápida conocida, como lo es la internet.

Siendo así, el mundo ha cambiado en los últimos 20 años y todo ha avanzado en un alto grado, por lo que es fundamental que la administración pública no quede en un lado y se impulse a realizar sus actividades por vía electrónica.

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Nociones Generales del Derecho Administrativo.

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Al hablar de Derecho Administrativo lo primero que hay que tener claro es que nos referimos al concepto de administración pública y este desde su función ejecutiva, no desde el punto de vista legislativo o judicial, por lo que éste regula el comportamiento de la organización y las relaciones directas e indirectas del Estado y que además puede fijar derechos y obligaciones hacia otras figuras jurídicas o físicas.

El papel principal de este es que permite una interpretación de la norma escrita dando un significado y su utilidad, ya que por la abundancia de las mismas esto implica ciertos efectos de regulación al no estar completas o ser ocasionales; así como la regulación de la organización y la actividad de la administración pública.

Sin embargo para el siglo XIX esto cambia, como la aparición de la luz electrica y los primeros electricistas Madrid y se incorpora el concepto de persona jurídica para definir al Estado, por lo que la administración pública pierde su función ejecutiva y pasa de ser quien representa al Estado a ser una función del Estado, en la que la administración se presenta ahora como una organización pública con características muy distintas a la organización privada.

A raíz de esto el derecho administrativo obtiene unas características diferentes que las del derecho privado, apartándolo del derecho común con lo que desaparece el principio de autonomía y lo cual le resta igualdad a todo proceso y pasa a tener mayores privilegios la Administración, ya que al atribuirle a la administración pública poderes jurídicos que no son propios de todos los ciudadanos coloca en una clara situación de desventaja al ciudadano común.

Aun cuando existan garantías para los particulares que la administración pública debe cumplir, tratando de lograr con esto un equilibrio entre las partes, existen muchas vinculaciones negativas hacia estas potestades administrativas y la disciplina entre las relaciones jurídicas y las del administrado, además que las prerrogativas que se le otorgan a la Administración Pública colocan al ciudadano común en una desventaja abundante, por cuanto los recursos que se pueden intentar siempre en contra de la Administración suelen consistir en procedimientos lentos.

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Administración Pública y su deber de Notificar, el deber de probar, y motivar los actos administrativos.

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Muchas personas creen que las potestades de la administración tributaria española no tienen límites, pero la verdad es que su accionar está reglado por las leyes, y es que Hacienda debe probar de manera efectiva los hechos que le sirven de fundamento a sus actos regulatorios, además, dicho acto debe contemplar una parte motiva, en la que se deben dar justificaciones suficientes para realizar esta actuación, y por último, la administración tributaria debe notificar al afectado con el acto.

841En este sentido, trataremos brevemente en qué consiste cada una de estas obligaciones que tiene Hacienda. En cuanto a la necesidad que tiene Hacienda de probar las situaciones que generan sus actos sancionatorios, hay que destacar la diferencia entre la prueba y la interpretación, y es que básicamente, la necesidad de interpretación es aquella que surge cuando hay una discrepancia en la racionalización respecto del significado que tiene la normativa legal aplicable, y al alcance de la misma; mientras que la necesidad de probar surge cuando entre las partes hay una discrepancia entre las partes respecto de la realidad de los sucesos que han acontecido. Así pues, la necesidad de prueba cuando la realidad respecto de los hechos no está clara.

Por otro lado, en cuánto la motivación del acto, esta es una garantía que tienen los ciudadanos para protegerse de las arbitrariedades de la Administración Tributaria nacional; así pues, los actos administrativos sancionatorios de Hacienda deben estar correctamente motivados, con un desglose claro y preciso de las consideraciones que han llevado a la Administración a tomar las acciones que haya tomado. Así pues, todos los ciudadanos deben saber que los actos administrativos que carezcan de parte motiva, son nulos.

Por último, es un deber de Hacienda notificar a los ciudadanos afectados de las decisiones que ha tomado, es decir, notificar de la emisión del acto administrativo. En cuanto a la notificación, se debe analizar a la persona que dicta el acto, por cuanto debe comprobarse que es la persona autorizada para tal fin, y por otro lado, debe haber una detallada identificación de la persona afectada con el acto; también se debe mencionar en el acto los recursos que el ciudadano notificado puede ejercer sobre el acto administrativo.

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La arbitrariedad y la discrecionalidad en la Administración Pública.

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Es una cuestión de suma importancia que cada ciudadano de la nación española tenga conocimiento de la diferencia entre la arbitrariedad de los entes de la Administración Pública y la discrecionalidad de los mismos, por cuanto la discrecionalidad está amparada en el marco jurídico de nuestro país, que dota a los funcionarios públicos de un poder discrecional para que puedan solucionar situaciones que no están regladas de manera taxativa en las leyes y reglamentos de nuestro país.

Poder JudicialEntonces, se podría decir que la discrecionalidad consiste en la facultad que tienen los funcionarios públicos españoles para elegir el rumbo de su accionar entre varios cursos que están permitidos por la ley. Por otro lado, la arbitrariedad es el actuar contrario a lo considerado como justo, o a lo dispuesto en la legislación, de una manera completamente intencional y consciente.

Existen diversos criterios jurisprudenciales en nuestro país que marcan estas mismas diferencias; por cuanto las situaciones de actuar arbitrario de la administración pública no deben ser nunca amparadas por el Poder Judicial de nuestro país. En este sentido, la discrecionalidad es una potestad que se le ha otorgado a la Administración pública para que esta pueda interpretar lo que conviene al interés de la ciudadanía y de los cerrajeros Alicante, y actuar de esta manera posteriormente; por otro lado, la arbitrariedad se contempla como aquello que tiene una carencia de fundamentos objetivos, que se contradicen con la justicia y con las leyes, convirtiéndose en situaciones o análisis incongruentes de la administración, lo cual desprende de legitimidad a las decisiones administrativas.

En definitiva se puede concluir estableciendo que la discrecionalidad está completamente opuesta a la arbitrariedad, por cuanto esta última está en contra de la normatividad. Legalmente, pueden efectuarse controles sobre los actos de la administración pública, lo cual se logra mediante los recursos frente a los actos administrativos, bien sean estos de carácter administrativo o judicial. Es necesario que todos los ciudadanos que hacen vida en este país comprendan que tienen un poder sobre estas decisiones arbitrarias que toman a veces los entes administrativos del Estado, por cuanto sin ejercer los medios de control que establece nuestra Ley, se pierde gradualmente la libertad y el Estado de Derecho.