Informacion General

Día Mundial de la Acreditación

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El día 9 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Acreditación, una herramienta que sin duda en estos días logra servir como complemento y apoyo de la Administración Pública en todo el mundo. Las organizaciones y colectivos especializados en el concepto de “acreditación” vienen trabajando duro en los últimos años para insistir en la importancia de que se tenga en cuenta el papel que juego su objeto de trabajo.

La International Accreditation Forum (IAF) y la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) se han afanado por trabajar de manera conjunta en la tarea de concienciar a nivel mundial sobre la trascendencia de cómo la idea de “acreditación” debe ser tenida en cuenta sin despistes por las empresas, por la Administración y por los ciudadanos.

Durante este 2016 el objeto de trabajo que se está intentando potenciar es el de “la acreditación entendida como un instrumento de apoyo a la Administración Pública”. Y es que la acreditación agiliza que los mercados puedan funcionar de una manera fiable, segura y fácil.

Así, la fluidez de los mercados favorece que se desarrollen buenas prácticas de trabajo y que florezcan estructuras y rutinas de autorregulación. Al mismo tiempo, la Administración Pública se ve liberada y no tiene que obsesionarse ni desgastarse en el duro ejercicio de establecer una sólida reglamentación.,

Es importante aplicar la acreditación al funcionamiento de las entidades que busquen seguridad, a los certificadores que implementen servicios de identificación electrónica (también en las transacciones electrónicas, de ahí la importancia de la acreditación), a los cuerpos de seguridad de los Estados y a las instituciones (la acreditación siempre es tenida en cuenta en las escenas de los crímenes) o a la Administración tributaria.

En el Estado español, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) está ahondando en la importancia de aplicar la acreditación a los diversos escenarios que hemos repasado con anterioridad. ENAC realiza además una importante labor informativa y divulgativa, por lo que es conveniente encomendarse a sus dicterios a la hora de completar el proceso de acreditación.

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Administración Pública el único sector que pierde cotizantes

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Llegados a junio de 2016 y una vez que tenemos en las manos los datos y las estadísticas de las últimas semanas, vemos cómo una vez más vuelve a ser la Administración Pública el único sector que pierde cotizantes a la Seguridad Social.

Ante este escenario que vuelve a poner de relieve el maltrato que da el Gobierno central -en connivencia con el brazo ejecutor de las comunidades autónomas que conforman el Estado español- a la Administración Pública, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha querido denunciar los aspectos negativos de la situación.

CSIF ha argumentado que el envejecimiento de las plantillas y la ausencia de unas ofertas públicas de empleo público durante los últimos años han acabado por dibujar este mapa, tan oscuro una vez más para la Administración Pública, que experimenta un descenso del 1,6 por ciento en el número de puestos de trabajo al compararse este ejercicio con el de 2015.

Hay que comentar que en torno al sesenta por ciento de la plantilla que forma parte de la Administración General del Estado se halla en una franja de edad que se sitúa por encima de los cincuenta años; en los próximos quince años van a jubilarse nada más y nada menos que en torno a ciento cincuenta mil trabajadores de la Administración General del Estado.

Visto lo que se acerca, el problema de carecer de plantillas con trabajadores suficientes y cuyos derechos estén a buen recaudo se vuelve más agudo. Los derechos de los ciudadanos de recibir una atención y unos servicios a la altura de lo que el sector público debe ofrecer quedarán en peligro. Es obvio que la ciudadanía merece servicios de calidad, para lo que la única vía es ofrecer una oferta de puestos de funcionarios que sepa suplir las vacantes por jubilación que van quedando y que sepa dar un paso al frente en ramas como la sanidad y la educación, donde toda cobertura a cargo de profesionales públicos siempre será poca.

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El examen de “españolidad”

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Muchos inmigrantes que optan a conseguir la nacionalidad española tienen que esforzarse antes de ver cómo su solicitud es aceptada en el registro civil. Así, estas personas que un día optaron por emigrar de sus países y probar fortuna es el Estado español se ven sometidas a la obligatoriedad de superar un examen de conocimientos cuyas preguntas versan sobre aspectos relativos a la historia y la cultura de nuestro país.

Un ejemplo lo vivimos hace algunos meses en la localidad de Getafe (Madrid), donde el juez José María Celemín fue el responsable y el encargado de realizar una serie de entrevistas a los inmigrantes aspirantes y de pasarles el pertinente control de preguntas sobre información de interés general del Estado español.

En este escenario, algunas de las cuestiones que componían el formulario interrogativo hacían referencia a los nombres del jefe de Estado, a los nombres de los componentes de la Casa del Rey, a los nombres de las autoridades políticas que regían los designios de Getafe o de la ciudad de Madrid o a cuáles son las comunidades autónomas que componen el Estado.

Para que los inmigrantes puedan obtener la nacionalidad español y tener así el derecho de ejercer como plenos ciudadanos del Estado español, también debían superar preguntas relacionadas con la Guerra Civil, la Revolución de 1868, el actual equipo de Gobierno o la composición del Congreso de los diputados.

La cultura es otra de las ramas por las que se cuestionaba a los aspirantes a lograr la nacionalidad española. Entre las preguntas también se encontraban protagonistas como los pintores Dalí, Picasso, Murillo o Velázquez; los escritores Lope de Vega, Miguel de Cervantes o Arturo Pérez-Reverte; y los deportistas Rafa Nadal, Pau Gasol o Fernando Alonso. No obstante, aunque muchos de los examinados han reconocido en los últimos años que estos exámenes son en realidad fáciles, hay españoles que al hacer ese mismo examen han sido incapaces de contestar de manera acertada a algunas preguntas.

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Desviando el poder

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La desviación del poder suele ser un tema demasiado importante, para la mayoría de la ciudadanía, y no solo para los especialistas que pudieran seguir todo tema jurídico.

Hay que definir lo que significa las desviación del poder, y como podría interpretarse, las acciones llevadas a cabo por las autoridades, administrativas, y como incurre en alguna falta no formal, o legal  en el cumplimiento de sus funciones, y realiza el cumplimiento de sus funciones, pero llegando a un término diferente, por el cual fue conferida, su protestad, bajo palabra de hacerse cumplir el derecho.

No es que actúen de manera equivocada, es simplemente, el desvío en el modo de realizar, las funciones que tiene en encomienda, aunque algunas veces se actúa con dolo.

Debemos saber que cuando algún funcionario incurra, en la práctica del desvío de funciones o desviación de poderes, tenemos el derecho absoluto para impugnar, todos los actos, administrativos de estos funcionarios, que no actúen de manera correspondiente, estos actos administrativos, se realizaran de dos formas, administrativa, realizando las diligencias, mediante esta vía, o una distinta a la que emitió el acto, o jurisdiccional, entiéndase por la vía judicial, lo pueden ver de manera fácil en esta noticia: http://www.eldiario.es/politica/vigilaran-Copa-Rey-Calderon-esteladas_0_517248679.html

Desviar el poder, puede provocar muchas situaciones de desventaja para todos, los administrados, ya que estos se ven perjudicados, sus derechos básicos, convirtiéndose entonces como un gran problema de la administración pública, ya que crea la impresión, de inseguridad jurídica ante el ciudadano, no es permisible en el Estado, ya que no pueden violarse los derechos democráticos, si fuesen realizados estos actos, es imprescindible anular cualquier ejecución, para beneficio del ciudadano.

Existen cuatro maneras de desviar el poder, objetiva, subjetiva, y positiva y negativamente:

  • Subjetiva, se determina así, cuando el funcionario, emplea su poder para continuar con una finalidad, desviada de la misma ley. Y lo realiza de manera total y absolutamente de forma consciente.
  • Objetiva, esta se produce de una manera inconsciente por el funcionario, pero a sabiendas de tener la comprobación de la misma objetividad.
  • Positiva, la administración, es capaz de usar, sus facultades para obtener un medio diferente, a la que prevé la ley, para obtener un beneficio, al ciudadano.
  • Negativa, se entiende, cuando se perjudica de manera potencial al sujeto o ciudadanos, con la acción, del desvío del poder, desde las entidades, publicas.

¡Hay que mantenerse atentos, para no incurrir en la desviación de poder!

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Derechos de los trabajadores

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Los derechos de los trabajadores pertenecientes al sector público siguen siendo pisoteados por el Estado español de forma sistemática. Si ya fue el Gobierno liderado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, el que optó por bajar el sueldo de los funcionarios en un cinco por ciento y por recortar en las pagas, en los últimos tiempos ha sido el Gobierno del Partido Popular, presidido Mariano Rajoy, el que ha continuado con su política de vilipendio a los trabajadores de lo público.

mrbY es que en los últimos cuatro años se ha producido una muy preocupante pérdida de músculo laboral en el sector público. La Administración pública ha visto impotente cómo durante la última legislatura de Mariano Rajoy ha ido perdiendo nada más y nada menos que ciento cuarenta mil empleos.

Esta tendencia de avasallar a los funcionarios y de hacer que los trabajadores públicos, que se han ganado su puesto a través de una oposición y del sudor de su esfuerzo, carguen con el peso de los recortes es del todo injusta. El nuevo escenario responde a la corriente liberal que aboga por externalizar una serie de servicios y por privatizar de una manera irreflexiva y sin ningún tipo de escrúpulo.

Los derechos de los trabajadores públicos están siendo directamente pisoteados. El poder ejecutivo se está escudando en la errónea creencia de que los funcionarios tienen muchos privilegios para hacer y deshacer a su antojo, siguiendo los preceptos liberales que tienen al Estado y a sus trabajadores como una especie de enemigo. Son ciento cuarenta mil empleos de calidad que han desaparecido, como si no pasara nada, de la faz del Estado español; han sido las comunidades autónomas las que han asumido el vergonzoso imperativo legal de recortar en profesionales del sector público a instancias del Gobierno central cuyos designios guía el Partido Popular.

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Las reagrupaciones familiares de los ciudadanos españoles

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En España como en muchas partes de la unión europea se desea por parte de ciudadanos, con algún lazo familiar o no, tramitar, la incorporación de reunión, de convivencia, en España, es un trámite sumamente, solicitado, ya que por derecho, tienen la opción de vivir y hacer una familia en territorio español. Por lo tanto se crea la Oficina de Extranjería de España, para hacer valer el derecho de formar una familia y residir en el país.

Es sabido que es un derecho fundamental, tener una familia ya que así lo dicta el ordenamiento jurídico de España, por lo tanto todos los ciudadanos, están amparados ante este deseo vital, así como vivir en familia, en total libertad, todas las personas, cuentan con el derecho jurídico, de realizar las solicitudes pertinentes, para reagruparse familiarmente, esta legislación, está vigente, y no hace ningún tipo de distinción, entre familiares, cónyuges o ciudadanos comunitarios.

Esta ley, es muy clara en las condiciones para esta solicitud,  entre otras cuantas condiciones, existen las siguientes, que son primordiales, para llevar a cabo la solicitud de reagrupación familiar:

  • El ciudadano comunitario, deberá de tener la afluencia económica suficiente y necesaria, para poder hacerse cargo de las necesidades económicas, así como de sus necesidades básicas de alimentación, vestido y desarrollo, de la persona extranjera, que se pretende reagrupar, en el estado español.
  • El ciudadano extranjero deberá de comprobar de manera expedita y legal, que no cuenta con ningún tipo de antecedentes legales, tanto en su país, como en España, la violación de esta cláusula, generara automáticamente, el rechazo de dicha solicitud.
  • Deberá de contar con un seguro médico, que cubra cualquier tipo de enfermedad, en la iniciativa privada, o en su defecto contar con justificante legal emitido por la Seguridad Social, donde se le permita tener acceso a la Sanidad Pública, esto hecho al inicio, de la solicitud, ya que si no se cuenta con ninguna de estas opciones, el Estado mantendrá su derecho de denegar estas solicitudes.
  • Los solicitantes tendrán que ser cónyuges o ser familiares directos en primer grado, o ser descendiente directo del ciudadano comunitario.

¿Estás listo para solicitar tu reagrupación familiar?

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Derecho administrativo, Nociones generales

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El derecho administrativo, se refiere al concepto de la función ejecutiva, erróneamente se ha creído referente a lo judicial, o legislativo, si basa sus funciones en respecto a lo de la organización de las relaciones del estado, sean estas directas o indirectas, fijando además obligaciones  tanto como derechos,  para figuras, físicas o jurídicas.

Este importante organismo, regula en su totalidad, toda norma escrita, otorgando utilidad y significado, ya que habiendo tantas normas que regular, en ocasiones se desvían de la interpretación real y veraz, ya que manteniendo un estatus de superioridad, permiten retraso en operaciones que lejos de beneficiar al administrado, lo perjudican enormemente, con demasiadas largas para llevar a cabo todo proceso solicitado.

La Administración pública, difiere mucho de la administración privada, el derecho administrativo  cumple en función, de la separación del derecho común, por lo tanto no existen los derechos autónomos, restando igualdad en cualquier procedimiento que se ingresa, obteniendo mayores derechos a la Administración pública, provocando al ciudadano común, estar en total desventaja sobre la defensa de sus propios derechos.

Existiendo las garantías de ley que proceden a favor de los ciudadanos, este mecanismo los somete a una gran desventaja, ya que la administración pública se conduce, con una lentitud asombrante, y desesperante, ya que no existe ningún tipo de garantía de equilibrio entre ambas partes, hay demasiados enlaces negativos, como por ejemplo, los administrados suelen perder demasiado tiempo, en tratar de llegar a las conciliaciones, y existen demoras de proceso, que resultan de la incapacidad de la Administración, Pública, a resolver para bien de todos los ciudadanos, que pretendan ser atendidos, y sobre todo tratando de resolver sus asuntos con esta instancia.

Los procedimientos suelen ser retardados, y demasiado largos, es importante destacar si se mantuviera un ritmo ágil, entre las dos partes, sería un proceso exitoso, y serían menores las prerrogativas otorgadas al mecanismo y por ende, una mejor atención al ciudadano, evitando peregrinar de días enteros acudiendo a la instancia, tratando de hacer valer sus derechos.

Cuando la administración pública pierde, su única función ejecutiva, se desarrolla entonces, el cambio, pasando de representante del estado, a: ser una función de estado, presentando muy diferentes características, a la administración privada.

¿Administración pública, o privada, a cual te dirigirías?

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Usando nuevas tecnologías, en la administración pública

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Esta época, perteneciente a la total tecnología, en una sociedad global, permite que toda información sea más accesible y rápida, informándonos a base del internet, sobre nuevos avances del derecho que todo individuo es merecedor, consultando información vía internet, o solicitando o enviando archivos, y documentación por este medio.

Aunque debemos de enfatizar que en la Administración Pública, aun se realizan trámites de manera tediosa, ya que sin el uso de esta tecnología, los trámites se vuelven interminables, por la lentitud, con la que actúan, restándole eficacia, ya que aún es llevada de manera manual, exagerando inclusive en el interminable papeleo con que se rigen.

Sería mucho más dinámico, si estos organismos, incorporaran la tecnología, para dichos procesos, ya que los funcionarios y los demandantes, tendrían a la mano, una optimización del servicio, haciéndose, este mucho más rápido y eficaz, si realizaron todos los tramites que se necesitaran por medio de un ordenador, con acceso al internet, se evitarían largas filas, ahorrándose, recursos al por mayor.

Podría implementarse una base de datos confiables que contengan todo archivo de los usuarios, para tener una descripción correcta de los procesos a seguir, sin necesidad, de almacenar enormes archivos en papel, que además de resultar estorbosos, son meramente obsoletos, a esta base de datos, tendrían acceso tanto como funcionarios de estas instancias, como los mismo ciudadanos, para llevar al día estos expedientes, y agilizar los trámites.

Ya muchas instancias han implementado el uso del internet en su diario trabajo, pero aún quedan sin sistematizar otras, y es una necesidad inmediata que hay que cubrir, para que los ciudadanos, eviten gastos innecesarios, y en las oficinas, sea optimizado el trabajo, está comprobado que el uso del internet, es lo más eficaz, no antes usado.

La Administración Pública, debe ya de tomar cartas en el asunto y empezarse a proyectarse dentro de la modernidad, de la vida diaria, y así, conseguir enfatizar en un orden prioritario que merecen todos los ciudadanos, que requieren un servicio en esta institución, sin dejar de poner la merecida atención que todos requerimos.

¿Consideras que es necesario un cambio tecnológico en la Administración Pública?