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Técnica de redacción de leyes de Derecho Administrativo. Problemas de ambigüedades.

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La Administración Pública es aquella que regula la actividad del Estado, entre ellas la relación que tienen los particulares, es decir, los ciudadanos tienen el derecho de contratar cuando deseen y en los términos que quieran, pero no deben separarse de las leyes generales de todo el estado donde contratan, siendo así, es fundamental que cada una de estas leyes estén redactadas de forma clara y específica para que cada una de ellas sea entendida ampliamente por cada ciudadano.

De tal manera, toda ley debe ser, además, lo más completa posible, puesto que los funcionarios que desempeñan un cargo en específico deben de centrar su actuación en un margen dentro del cual no se le permita tener una tener una conducta que desfavorezca a quien está acudiendo a la Administración. Sin embargo, para el desarrollo de la Ley, el legislador debe tener en cuenta que se debe de redactar la misma de manera clara y concisa, además de que la ley debe tener una técnica de redacción excelsa y de fácil entendimiento para que tanto los funcionarios como los ciudadanos puedan comprenderla.

En este sentido, la discreción del funcionario no debe ser válida para el desarrollo de un proceso sin vicios, por cuanto, mientras mejor redactada esté la ley, y su comprensión sea fácil, menos deberá tener lugar la discrecionalidad del funcionario. Asimismo, al no dejar ambigüedades dentro del texto normativo, no debería de tener cabida alguna dicha discrecionalidad.

Así pues, distintos autores hablan sobre el principio de seguridad jurídica, que es el que exige que las normas sean claras y sencillas con el mismo propósito de que los cerrajeros en caceres capital entiendan claramente cuál es el propósito y función de cada una de ellas. Además de dejar en claro cuáles son las facultades que tienen los distintos órganos en cada nivel, tanto el estatal como los de la municipalidad o provincia y que así la comunidad tenga certeza de a quién acudir al momento de necesitarlo.

En síntesis, la administración pública tiene que regirse por leyes que deben tener una técnica especial, la cual debe ser clara y precisa para que no haya confusiones al momento que los ciudadanos acudan a los distintos organismos en busca de soluciones a sus problemas.

 

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Con esta ley los autónomos podrán cobrar el paro

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Su denominación es Ley de fomento del trabajo autónomo y de la economía social. Dicho instrumento tendrá como objetivos en primer lugar la modificación de ciertas medidas en las modalidades del conocido Auto empleo, y en segundo término, el cual para entender la síntesis a la que está apegada la normativa, es la más importante, referente al fomento de dicho sistema laboral y su inserción dentro de la economía española, según manifiesta el abogado especialista en materia laboral de la empresa desatascos Madrid.

En materia de seguridad social, los autónomos están siendo dejados atrás por las directrices normativas, sin embargo con la actualización del marco legal, alguna de las medidas que hay que tomar en consideración son las siguientes;

Las tarifas planas serán ampliadas, algo que tenía que ocurrir desde hace ya mucho tiempo, pues el pago de las mismas en ocasiones procuraba ser insuficientes ya que no abarcaban ciertas contingencias, por lo que los trabajadores debían limitarse en ciertos aspectos, pues al tener a tu servicio a cierta cantidad de trabajadores, esto automáticamente te eliminaba el beneficio de la tarifa, por lo que se hacía difícil el cubrir ciertas contingencias cuando se es trabajador autónomo y se labora individualmente, sin el respaldo de algún seguro, por lo que en ocasiones hacia que volvieras a tu antiguo empleo, algo que le sucedió a varios empleados de www.antenistasmadridtv.com.

Uno de los aspectos más resaltantes de la flexibilidad establecida en esta actualización de la ley es aquella que permite a los autónomos que perciben sus ingresos de un solo cliente por ejemplo un trabajador de empresa reparacion de calderas Madrid o una  empresa como Instalador de gas Madrid, por ejemplo, en ciertos momentos de su periodo laboral puedan contar con la colaboración de un trabajador contratado por ellos mismos en haras de armonizar y conciliar su vida de trabajador con su vida hogareña.

Luego de haber pasado más de 15 días de haberse escuchado la noticia sobre la Ley que le permitirá a los autónomos cobrar el paro y tener  un negocio, al fin entrará en vigencia esta ley la cual pondrá puntos flexibles sobre la mesa, con el fin de hacer que crezca el auto empleo, cambiando y reestableciendo los procedimiento en lo que respecta a esta modalidad y abarcara medidas que impulsaran la economía nacional.

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Niveles de Administración Pública

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Cada ciudadano debe tener en cuenta la importancia de tener un conocimiento general sobre los medios de acción que se les presentan en su nación, dado que cada circunstancia que se les presente debe estar acorde con el ordenamiento jurídico actual, por ello se debe de estudiar los principales mecanismos para ejercer cualquier tipo de gestión.

Siendo así, es de gran importancia que cada uno de los ciudadanos esté consciente de que existe una Constitución como norma suprema y que el resto de las leyes deben ceñirse a esta. Por lo que deben de, no solo saber lo que ella contempla, sino además, estar al tanto de cada una de las reformas de las mismas.

En cuanto a todo nivel de educación debe existir la información sobre los derechos y procedimientos establecidos en la Constitución, pero además se debe tener informados también a los ciudadanos en general desde los letrados a los cerrajeros Lugo urgencias, de tal manera que se creen programas informativos generalizados a través de los medios que sean posibles.

Ahora bien, entre los distintos niveles de la Administración Pública, donde los ciudadanos pueden ejercer sus derechos tenemos a tres tipos según su área geográfica, el primero es a nivel nacional que cubre a todo el país llamada la administración general del Estado, el segundo, es aquel que cubre la comunidad autónoma, y el ultimo, pero no menos importante, es el de la localidad, que abarca la municipalidad o provincia según corresponda.

Entonces tenemos que existen administraciones por todo el territorio nacional, cada una de ellas ejerce sus funciones y son autónomas, es decir, poseen personalidad propia y no dependen una de la otra, en tanto, cada persona puede acudir a cualquier organismo sin la necesidad de obedecer las órdenes del otro.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la administración pública muchas veces exige ciertas formalidades a cumplir según sea el caso a tratar, lo más importante es llegar con todo para hacer las cosas bien, como los cerrajeros Valencia, es por ello que al momento de ejercerla se tienen que hacer con atención y cuidado para no incurrir en las faltas que hacen un proceso engorroso, en cuanto esto se cumpla cada habitante tendrá la capacidad de llegar a los órganos públicos respectivos según sea el caso correspondiente.

 

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Principio de la Buena Administración

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A inicios del presente siglo se aprobó una Carta Europea que contemplase los Derechos fundamentales, y en este sentido el Derecho a la buena administración empezó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es realmente interesante el tema, por cuanto este Derecho pasó a ser fundamental gracias a que tiene un carácter intrínseco de principio de Derecho Administrativo. Así pues, hay que determinar en primer lugar en qué consiste este principio fundamental, y se puede decir a este respecto, que este es un principio que ha nacido, o se ha derivado de otros dos principios, que son el de racionalidad y el de la objetividad. Esto tiene mucho sentido por cuanto son estos principios que guían a la Administración consisten en delimitar el accionar de esta en cuanto a su interacción con los individuales, guiando a la Administración en su día a día, con la finalidad de lograr una actuación de los funcionarios que sea ajustada a la legislación.

Principio de la Buena AdministraciónPor otra parte, este principio fundamental de la buena administración por el cual deben guiarse los entes públicos tiene diversas implicaciones obligacionales para la Administración Pública; en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos que hacen uso y goce de los servicios brindados por entes públicos, y en general de todos los ciudadanos, este principio presupone que todos los asuntos que sean de interés público sean siempre tratados de una manera que esté ajustada al principio de la equidad, y siempre de manera objetiva, cumpliendo además los plazos establecidos por la ley, y a falta de estos, en algún plazo que sea considerado razonable.

Así pues, se puede establecer sin ningún lugar a dudas, que el principio fundamental de la buena administración se ve reflejado en aspectos que tienen una racionalidad adherida que forma parte intrínseca del funcionamiento que tiene la Administración. Un ejemplo clarísimo de esto es claramente la obligación que tiene la Administración Pública en todas sus instancias a promover y velar por el desarrollo de las libertades civiles y los derechos de los ciudadanos; otro ejemplo sería el de actuar siempre en concordancia con el respeto y el amparo a la dignidad del ser humano, el cual es un derecho básico de cada persona.

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Permisos de residencia: tipos

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Para poder residir en España de manera legal es necesario obtener el permiso de residencia. Pero hay varios tipos:

  • Residencia temporal: autoriza a la persona a permanecer en España por un periodo superior a 30 días e inferior a cinco años. Se trata de un permiso pensado para personas que no van a desarrollar actividades lucrativas. El paso previo es la solicitud del visado para, una vez en España, solicitar la Tarjeta de identidad de Extranjero, con una validez de un año, aunque se puede prorrogar has los cinco. Eso sí, para obtener estos documentos se necesita, entre otros papeles, un certificado médico y algún tipo de justificante que acredite que se tienen medios de vida para residir en el país.
  • Residencia permanente: se concede cuando la persona lleva cinco años viviendo de manera ininterrumpida (se admiten periodos vacacionales) en España. Pero también se puede conceder si se es beneficiario de una pensión contributiva o de gran invalidez. Nacidos en España que hayan residido al menos tres años, españoles de origen que perdieron la nacionalidad y desean recuperarla o refugiados reconocidos como tales también tienen derecho a solicitar la residencia permanente. Una vez obtenida la tarjeta, es necesario renovarla cada 5 años.
  • Residencia por circunstancias excepcionales: si hay razones de arraigo laboral o personal, de parentesco, de protección internacional o humanitarias, entre otras, también es posible solicitar la residencia temporal. En cualquier caso, junto a la solicitud hay que adjuntar la documentación que acredite esas circunstancias excepcionales.
  • Reagrupación familiar: permite a extranjeros que residen legalmente en España traer a sus parientes directos, al cónyuge, a los hijos, a los ascendientes si están a su cargo y a los menores de los que sean representantes legales. Para ello hay que justificar que se dispone de medios de subsistencia para atender sus necesidades y se exige al menos un año de residencia legal en España y permiso para otro.
  • Residencia de hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional: adquiere en el momento del nacimiento el mismo tipo de permiso de residencia de cualquiera de sus progenitores.
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Superar el miedo a denunciar, los trabajadores están protegidos frente a los abusos

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La difícil situación económica ha hecho que, lamentablemente, los trabajadores sean víctimas de todo tipo de abusos y que estos, a pesar de que la ley los protege, eviten denunciar estas conductas reprobable por parte de los empresarios.

Ha costado años de esfuerzos y lucha, pero hoy la legislación laboral es amplia y cambiante, para adaptarse a los nuevos retos y las nuevas realidades laborales. De esta manera, entre otros, la ley recoge el derecho al trabajo, a elegir la profesión, a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón alguna, a la salud y a la seguridad en el puesto de trabajo y al honor y a la dignidad. Todo ello sin olvidar el derecho a percibir un salario y a disfrutar de vacaciones, el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga.

Toda una serie de derechos que en ocasiones son pisoteados sin que las víctimas de los abusos se atrevan a denunciar. Un error, porque cualquier trabajador puede defenderse en los tribunales con la garantía de que la ley siempre le va a proteger.

Pero ¿cuándo denunciar? Hay miles de supuestos. Un trabajador puede denunciar si es objeto de una contratación ilegal, si se le imponen condiciones laborales que limiten sus derechos, si es “invitado” a abandonar su puesto de trabajo mediante coacción o engaño o si sufre cualquier tipo de discriminación o abuso, etc

En ocasiones no se da la importancia que se merece a estos aspectos. Un ejemplo: la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es muy estricta. Si el empresario no pone los medios de protección adecuados lo más aconsejable es denunciarlo ¿La razón? Porque se puede sufrir un accidente de consecuencias irremediables. Por nuestro bien y por el de los compañeros conviene sacar a la luz este aspecto, porque nuestra vida puede depender de ello.

Hay que tener en cuenta que el trabajador siempre está amparado por la ley frente a los abusos, que en los casos más graves pueden llevar acarreadas hasta penas de tres años de cárcel para el empresario negligente.

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El Derecho y los ciudadanos ¿Matrimonio imposible?

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Si hay algo que a veces resulta árido y hasta incomprensible al ciudadano de a pie es todo lo que se refiere al Derecho y las leyes. Entendemos que todos tenemos derechos y obligaciones, pero en muchas ocasiones ni se sabe cuáles son ni cómo aplicarlos o defenderlos.

Acercar el Derecho a los ciudadanos es una vieja asignatura pendiente que parece cuesta mucho aprobar. Se intenta hacer más comprensible, pero lo cierto es que la jerga jurídica que tanto gusta utilizar a profesionales y aficionados no ayuda en gran medida a conseguirlo. El Derecho en España parece anclado en el pasado, en un lenguaje arcaico y unas costumbres más propias de siglos pasados que del siglo XXI.

Pero es posible que haya un resquicio para la esperanza. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una iniciativa llamada JSUTIAPPS con la que pretende unir Derecho y tecnología para que todo lo relacionado con la legislación sea más transparente y llegue mejor a los ciudadanos.

Se trata en realidad de un concurso de ideas. Un concurso que premiará las mejores aplicaciones que ayuden al ciudadano de a pie a conocer las instituciones, su funcionamiento, o las gestiones básicas (y no tan básicas) relacionadas con el Derecho, entre otros aspectos. Unas aplicaciones en las que deben implicarse también los profesionales del ramo.

¿Qué es lo que más se valora? Que las aplicaciones sean capaces de estimular la participación ciudadana a la hora de elaborar las leyes (un aspecto reconocido… pero no tan conocido por la ciudadanía, al menos las herramientas para conseguirlo).También tiene su importancia el conocimiento de los medios para que el ciudadano pueda proteger sus derechos o el de la mediación y el arbitraje como herramientas para resolver conflictos.

¿Serán eficaces estas aplicaciones? ¿Llegarán a utilizarse? Está por ver, y tal vez pase algún tiempo antes de poder comprobarlo, pero al menos el esfuerzo del Ministerio de Justicia merece un reconocimiento.

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El retorno voluntario y el cobro de prestaciones por desempleo

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Regresar al país natal es una de las opciones que muchos inmigrantes se están planteando y llevando a cabo. La mala situación económica en buena parte de Europa, también en España, y la falta de oportunidades, así como motivos familiares o la falta de arraigo llevan a cada vez más personas a tomar la decisión de volver al país que un día les vio partir.

Puede parecer sencillo, pero realmente no lo es, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social financie programas de retorno voluntario de extranjeros, facilitándoles los trámites siempre y cuando cumplan una serie de requisitos establecidos.

Uno de los aspectos que se facilita es el cobro anticipado de las prestaciones por desempleo a las que se tenga derecho. Para ello hay que ser originario de alguno de los países con los que España tenga convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, tener residencia legal en España, estar desempleado e inscrito como tal, tener derecho a la prestación por desempleo y asumir el compromiso de abandonar España en 30 días naturales y no regresar, al menos, en tres años.

Con estos requisitos cumplidos y algunos otros de carácter secundario se debe entregar la solicitud correspondiente en la oficina de empleo a la que se pertenezca. La administración abonará, si acepta la solicitud, un 40% en España y el resto entre 30 y 90 días después, cuando la persona ya debe estar en su país de origen.

Es importante saber que una vez que se ha recibido el primer pago ya no hay marcha atrás, no hay posibilidad de arrepentimiento y la persona deberá retornar obligatoriamente a su país.

Y también conviene conocer que existen ayudas adicionales para el pago del billete de avión desde España y gastos de desplazamiento para cada miembro de la unidad familiar que regrese a su país de origen.